De
la Farmacia del Derecho*
José Calvo
González
Catedrático de
Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho (UMA)
El TC se ha
pronunciado en el mal llamado ‘caso Juana Rivas’ -pues se trata de un ‘caso’ de
menores, un caso de sustración interparental (otro hallazgo lingüístico) de
menores- sin obtener el pretendido amparo por interposición extemporal del
recurso. El ‘caso Juana Rivas’ está limitado al deber de restituir de forma
“inmediata” a los dos niños a su padre y, como consecuencia del incumplimiento
de lo así resuelto, tanto por el Juzgado de Primera Instancia de Granada, en
diciembre pasado, como la Audiencia Provincial, en abril de 2017. En añadido,
el ‘caso Juana Rivas’ es, asimismo, el sustanciado en auto judicial del Juzgado
de Instrucción 2 de Granada de 8 de agosto decretando, en las diligencias
penales en curso que la investigan por un presunto delito de desobediencia a la
autoridad judicial y otro de retención ilícita de menores, la busca y captura
para puesta a disposición del Tribunal. Meridianamente, confío, aclarada esta
cuestión semántica, queda por precisar -y mucho- la que llamaré cuestión
ideológico-jurídica; ‘cuestión’ que se presta a dilucidaciones no menos
esclarecedoras, o eso espero.
Comenzaré
diciendo -porque no deseo abrir aquí un debate de preciosísimo
jurídico-procesal, renunciando a él en favor del ‘futuro’ buen hacer de su
representación procesal- que el asunto es, auténticamente, ‘de Juzgado de
Guardia’ a fuer ‘de Farmacia de Guardia’. Tanto el mal llamado ‘caso Juana Rivas’
como el que deberíamos denominar propiamente como ‘caso Juana Rivas’, revelan
un síntoma de padecimiento social que, con independencia del tratamiento ‘en su
caso’, tendrá difícil y, de seguro, dolorosa receta. Porque en orden a la
tutela judicial, como en Farmacia, se ha producido una patología que reclama
estudio clínico. Se trata de la automedicación; esto es,el
“uso de medicamentos que realiza una persona para sí misma sin prescripción
médica” (RAE). Como muchos de nosotros sabemos -afirmarlo de la mayoría es
aventurado- lautilización de medicamentos por
iniciativa propia, al margen y sin intervención de profesionales de la medicina
-del médico especialista, y aun del médico de familia- comporta graves riesgos
para la salud. Esta práctica, que con harta frecuencia igualmente está asociada
al curaderismo homeopático, genera, ciertamente, resistencias bacterianas, pues
arrasa con la flora microbiana endógena, o produce reacciones alérgicas
complicadas, y hasta muy severas, o bien, lo que es tanto o más preocupante,
interactúa de forma contraindicada en el efecto de otros medicamentos que
estuvieren prescritos o pudieran serlo más adelante.
Esta
errónea y oscurantista práctica del autocuidado
de la salud corresponde en Derecho a la autotulela, con múltiples y muy
diversas manifestaciones de índole y grado. Una de ellas, me parece, es la que
se ha dispensado -por sí o por comisión sapiencial de terceros- Juana Rivas.
Naturalmente, ella no puede ser tenida como la única practicante del
autoconsumo que en nuestro país realizan muchos más, de un modo extendido y
creciente. Pero es, por la voluntad mediática en que ella misma y otros a su
alrededor se han colocado con especial empeño, representativa de esa distorsión
del prudente uso farmacológico y jurídico. Admitamos la evidencia, que de
ningún modo atenúan las supuestas o reales deficiencias del sistema sanitario
ni del judicial: la automedicación y la autotulela se hallan socialmente admitidas
y son, además, celebradas. El espartaquismo de ‘Juana está en mi casa’ o, por
acudir a la tradición hispana, esa mezcla de alcadezalameismo y
fuenteobejunismo del ‘todos a una’, o las declaraciones de la propia interesada
-“No he hecho nada en contra de la ley”- son preclara demostración.
Los galenos, qué no decir de los magistrados, se equivocan, no saben. Y llega
la automedicación y, de la misma manera, la autotuleta jurídica.
Mal vamos todos
-y para muestra el botón de su ‘caso’ y del ‘caso’ de sus hijos que, a
diagnóstico de hallase ‘en peligro por errores judiciales’, están sumergidos en
una vorágine medicamentosa de extraordinario peligro para el interés superior
de su bienestar presente y venidero- con esta posología farma-jurídica. Así,
todo es paradoja; el sentimiento jurídico -y el temible ‘sentimiento (y
sentimentalismo) de la Justicia’- recomienda administrar las dosis a gusto del
consumidor; por ejemplo, que los jueces “encaminen este proceso hacia la
cordura y la coherencia”. Y, no menos, la más oportuna prolongación y amplitud
del tratamiento; por ejemplo, la sujeción de los límites de la ley a la propia
conciencia, la conciencia de “estar ‘huida’, pero no «fuera de la
ley». Porque el paciente sabe más que el médico y, por supuesto, que el
juez. No importa si el asunto o la dolencia es de Derecho de familia,
hipotecario, o relativo al ejercicio del indulto (recordemos esas pragmáticas
carolinas que, junto a alguna de las Leyes Fundamentales franquistas, se le
escurrieron a la Constitución del 78 por el desagüe de la Transición).
A mí me parece
todo esto alarmante. No son simples disparates, no es el esperpento que regresa
-aunque nunca se ausentó- otra vez, con todo su esplendor grotesco y bufo. A mí
todo esto que sucede -tan a menudo- me suscita una enorme inquietud, porque esos
talantes y esas ‘vías de hecho’ constituyen genuina expresión
del banderín de enganche a una pedagogía social que quiebra no
superficialmente la idea del triunfo del Derecho, abre debates de ínfima
capacidad deliberatoria, y de ahí a poco terminan peor que mal. Socializar la
Salud y la Justicia -la Farmacia de Guardia y el Juzgado de Guardia- no puede
confundirse con la encajadura ergonómica y electiva del interés personal en los
medios y remedios sanitarios o judiciales. Y ante el ‘caso Juana Rivas’ y el ‘caso’
de sus hijos nos cumple una urgente e ineludible responsabilidad ciudadana, que
comienza por explicitar la toma de posición del lado del sistema de Salud y de
Justicia que normaliza -y como tal hace general- el modelo y las garantías de
acceso a un consumo farmacológico y una tutela de los Tribunales organizada,
profesional y objetiva.
* Este texto fue enviado al diario SUR (Málaga), el 17 de agosto pasado.
(Aclaración: finalmente el texto se publicó en la ed. de 27 de agosto, p. 31).
