El debate eterno -en la medida en que quepa considerar eterna la democracia- entre seguridad y libertad parece haberse decantado de manera definitiva en favor de la primera. Son tantos los riesgos, tan crueles las amenazas y tan grandes los miedos que casi cualquier medida en favor de garantizarnos una seguridad -un tanto utópica en los tiempos que corren- queda justificada de antemano. El último episodio, por ahora, de la contraposición llega con la directiva comunitaria para el control de las comunicaciones, promovida, por cierto, por el gobierno español después de la matanza terrorista del 11-M. Se trata de mantener bajo vigilancia lo que parecía ser el último reducto de la libertad hablando de teléfonos: el de los móviles que se compran con tarjeta ya pagada de antemano por una cantidad fija de euros y que pueden recargarse, todo ello de manera anónima hasta el momento. Anulando la referencia del número propio, parecía quedar protegida incluso la identidad de quien llamaba.Esa ilusión de privacidad -porque de una ilusión, en el fondo, se trata cuando el Gran Hermano dispone de medios técnicos ilimitados- desaparecerá con la nueva ley destinada a controlar las llamadas supuestamente anónimas. Las tiendas de teléfonos móviles con tarjeta pagada de antemano deberán tener identificados a sus clientes en un registro a disposición de las autoridades. Y el tráfico de las llamadas también habrá de quedar archivado por todo un año pese a la ingente acumulación de datos que habrá de producirse en tanto tiempo. Dicen las compañías telefónicas que la tecnología para cumplir con tales requisitos existe -faltaría más- pero, ¡ay!, a un alto coste. Ni siquiera hace falta preguntar quién va a asumir cualquier precio a pagar por tenernos más vigilados.El precedente de la detección y arresto fulminante de los autores de la matanza del 11-M en Madrid parece justificar los nuevos controles generalizados. La policía pudo rastrear las comunicaciones entre los teléfonos móviles de los terroristas, algo que la futura ley hará aún más fácil. Pero la seguridad no consiste en la garantía de detener a los autores de los atentados. A quienes tienen voluntad suicida poco habrá de afectarles si les van a localizar con rapidez o no. La seguridad, o bien es prevención, o no es nada. Y en términos preventivos tampoco parece que vaya a servir de mucho la nueva ley de control de las comunicaciones salvo que se espíen, además, las conversaciones -algo en principio ajeno a la voluntad de la ley en proyecto, pero en absoluto inimaginable.La conclusión a sacar, pues, es patente: reducir la libertad modesta que proporcionan los móviles anónimos no nos llevará a estar más seguros, salvo que valoremos la seguridad midiéndola en función del dinero que nos cuesta. Lo que sí que hará la nueva ley es dar la impresión de que las autoridades cumplirán mejor con su deber de esclarecimiento de los delitos cometidos, pero eso pertenece a otro orden de cosas.Paso a paso, la libertad se disuelve por más que la seguridad siga siendo una entelequia después del 11-S, el 11-M, los atentados de Londres, los de la India y las guerras más o menos preventivas que hoy abundan con el terrorismo como paisaje de fondo. A lo que se añade la impresión cada vez más firme de que no serán las leyes las que consigan protegernos. La contraposición entre seguridad y libertad cada vez se acerca más a una triste compaña: vigilancia y amenaza, sin que la primera evite el riesgo en aumento.
Camilo José Cela Conde es Catedrático de Filosofía Moral en la Universitat de les Illes Balears.
Publicado en el diario La Opinión (Málaga), ed. de 8 de septiembre de 2006.
